basura electrónica constituye la porción de los residuos sólidos urbanos que más creció en las últimas décadas. Principalmente, por la constante innovación tecnológica, que posibilitó que tecnologías que al principio eran caras y orientadas a un público especial y reducido, sean hoy baratas y fácilmente utilizables en la vida cotidiana.
En nuestro país se generan 2.5 kilos de basura electrónica por habitante por año. Estos residuos aportan la mayor cantidad de metales pesados y sustancias contaminantes al ambiente.
Los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto reciben hoy gran parte de los residuos electrónicos que descartamos: teléfonos celulares, pilas, baterías, computadoras y cámaras fotográficas son desechados como parte de los residuos sólidos urbanos domiciliarios sin ningún tipo de tratamiento.
El impacto de la contaminación de este tipo de basura está en directa relación con la composición química que los aparatos electrónicos poseen: una mezcla compleja de cientos de materiales, muchos de los cuales contienen metales pesados (plomo, mercurio, cadmio, berilio) y químicos peligrosos (retardantes de fuego bromados, bifenilos prolibromados -PBBs-, difenil éter polibromados -PBDEs- y tetrabromobisfenol-A -TBBPA o TBBA-). Además, contienen materiales valiosos, como el oro y el platino, que deberían recuperarse.
Los residuos electrónicos que terminan en basurales o rellenos sanitarios sin una adecuada gestión contaminan el suelo, las napas de agua, el aire y afectan la salud de las comunidades vecinas. Por otra parte, se derrochan miles de recursos que pueden recuperarse.
El reciclado de los residuos electrónicos tiene un doble impacto positivo:
1) Permite recuperar metales o materiales (silicio, plásticos, oro, plata, cobre, etc.) que son cada vez más escasos y cuya obtención, a través de la minería, genera un alto impacto ambiental.
2) Se reduce el impacto que estos residuos generan en el ambiente al degradarse en basurales, contaminando napas y suelos.
En este sentido, la necesidad de contar con un sistema de gestión que ofrezca un adecuado tratamiento y reciclado a estos productos se torna imprescindible.
El despegue de las ventas y del consumo de los electrónicos en nuestro país se produjo luego de la crisis económica de 2001-2002: primero creció considerablemente la venta de computadoras personales y, luego, en 2004 se disparó el consumo de los teléfonos celulares.
En los últimos dos años se descartaron en la Argentina casi diez millones de aparatos de telefonía móvil por año, es decir, casi el 30% del parque actual de 32,5 millones de líneas en servicio. A su vez, los niveles de descarte aumentaron cuatro veces en los últimos cinco años. El reciclado de esta enorme cantidad de aparatos desechados sería sumamente positivo.
La velocidad a la cual esta montaña de productos electrónicos obsoletos está creciendo generará una crisis de enormes proporciones a menos que las corporaciones de la industria electrónica, que obtienen ganancias por fabricar y vender estos aparatos, asuman su responsabilidad.
Un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que entre 40 y 50 millones de toneladas se generan todos los años a nivel mundial y se preveen "serias consecuencias" en esta década por la cantidad de desechos "peligrosos" y "tóxicos" que se acumulan sin ningún control en las economías en vías de desarrollo.
En nuestro país, es urgente la implementación de políticas que eviten la creciente contaminación de estos residuos electrónicos, que desarrollen la infraestructura para la correcta gestión y el reciclado de estos residuos basado en el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, principio impulsado por Greenpeace que se concreta cuando los productores se hacen responsables por los impactos ambientales de sus productos a lo largo de todo el ciclo de vida útil: producción, uso y disposición final.
Actualmente, un proyecto de ley de Gestión de Residuos Electrónicos se encuentra demorado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado a la espera de ser aprobado.
Cuanto más se retrase la aplicación de este tipo de políticas mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados y mayores los costos de reparación ambiental.
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